Los actos de crueldad animal que provoquen la muerte de un ejemplar podrán castigarse con hasta seis años de prisión, además de multas económicas.
Entre las nuevas medidas también se contempla prohibir que las personas responsables tengan animales bajo su cuidado, retirarles los ejemplares, imponerles trabajo comunitario y ordenarles tratamiento psicológico o cursos sobre trato digno.