Agentes de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a cabo la captura de un arquitecto identificado como Francisco "N", así como de su esposa Marcela "N" y su hija Paola "N", por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico. La detención se realizó mediante el cumplimiento de un mandato judicial emitido por un juez de control, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) aportara los elementos de prueba suficientes que vinculan a los tres integrantes de la familia con las irregularidades denunciadas por la parte afectada.
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¿De qué se les acusa?
Los antecedentes del caso se remontan a hace aproximadamente cuatro años, cuando el denunciante fue contactado por Francisco "N" para encargarse de los trabajos de instalación de cancelería en una plaza comercial en desarrollo, ubicada en el fraccionamiento Santa Mónica. Con rumbo al pago de dichos servicios profesionales, el contratista y el arquitecto acordaron el intercambio en especie mediante la cesión de un local comercial dentro del mismo complejo inmobiliario; sin embargo, una vez concluidos los trabajos, la entrega del inmueble no se concretó.
De acuerdo con el expediente de la investigación, el presunto responsable postergó el cumplimiento del acuerdo bajo el argumento de que le asignaría un local con mejor ubicación y, posteriormente, ofreció saldar la deuda mediante la entrega de dos propiedades alternas. Ante las constantes negativas y la falta de soluciones definitivas para liquidar el adeudo, el proveedor afectado interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público, instancia que determinó que tanto la esposa como la hija del arquitecto también tuvieron participación en la configuración del ilícito.
¿Cómo va su caso?
Tras el análisis del caso, personal de la PDI localizó a los tres imputados en las inmediaciones de su domicilio ubicado en el sector residencial de Las Lomas. Tras notificarles el motivo de su aseguramiento y darles lectura a sus derechos constitucionales, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación para los exámenes médicos de ley. Finalmente, fueron ingresados al centro penitenciario de La Pila, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial a la espera de la audiencia inicial que defina su situación jurídica.
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