Cuando un profesor incurre en insinuaciones, lenguaje explícito o movimientos de connotación sexual sin llegar al contacto físico directo, las instituciones suelen enfrentar vacíos legales que complican la aplicación de sanciones inmediatas.
En muchos casos, las autoridades educativas se ven limitadas a aplicar únicamente medidas administrativas como la suspensión temporal o el cambio de adscripción del maestro, lo que genera indignación entre los padres de familia al percibir que el agresor solo es reubicado sin enfrentar consecuencias reales.
