Entre 2024 y 2026, las autoridades sanitarias de San Luis Potosí llevaron a cabo 19 aseguramientos de productos y la suspensión de actividades en siete establecimientos tras detectar graves irregularidades.
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Las revisiones permitieron localizar medicamentos vencidos, reactivos e insumos médicos que ya no resultaban aptos para el consumo o para la realización de estudios clínicos, representando un riesgo directo para los pacientes.