El incidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en la plaza comercial donde operaba el establecimiento Rich, la Fiscalía General del Estado definió las sanciones penales que busca aplicar a los tres implicados en el caso.
¿Cuáles son las sanciones que buscan las autoridades?
Durante la apertura de la etapa intermedia del juicio, el Ministerio Público solicitó formalmente al juez de control penas diferenciadas para los procesados: una sentencia de 20 años de prisión para el primer detenido, 25 años para el segundo y un máximo de 30 años para el tercer involucrado. El proceso legal busca determinar la responsabilidad penal por el fallecimiento de dos jóvenes y las lesiones sufridas por diez personas tras el desprendimiento de una estructura en la planta alta del lugar.
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¿En qué fase se encuentra el litigio?
El litigio se encuentra actualmente en la fase de depuración probatoria, periodo en el cual las tres partes involucradas —defensa, fiscalía y asesores legales de las víctimas— definen los testimonios y elementos técnicos que conformarán el proyecto de sentencia. En esta etapa, los representantes de los afectados solicitaron formalmente la comparecencia de servidores públicos de los niveles municipal y estatal, así como de los propietarios y socios de la plaza comercial. El objetivo de la parte acusatoria es fundamentar las presuntas responsabilidades por comisión u omisión en las que pudieron incurrir las autoridades regulatorias y los administradores del inmueble antes del evento.
Sin embargo, el desahogo de las pruebas fue suspendido temporalmente debido a una estrategia de la defensa de los imputados. Los abogados defensores presentaron un recurso de recusación contra el juez de control que encabeza la causa penal. En caso de que el tribunal correspondiente declare procedente esta impugnación, las autoridades judiciales de San Luis Potosí se verán obligadas a sustituir al juzgador por cuarta ocasión desde que inició el proceso. Esta situación jurídica frena momentáneamente el avance hacia la etapa de juicio oral y la emisión de un fallo definitivo.
Las audiencias intermedias se reanudarán una vez que se resuelva la situación legal del juez, definiendo así el rumbo de uno de los casos judiciales de mayor perfil en la capital potosina respecto a la operación y regulación de centros de entretenimiento nocturno.
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